ALTERNANCIA EDUCATIVA, CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS Y EXIMENTES

Siendo consecuentes con la actual situación, es claro que la principal inquietud de toda la comunidad educativa se ha generado en la implementación del modelo propuesto por el M.E.N., del regreso a clases en la modalidad semipresencial con alternancia, modelo dispuesto mediante Directivas 11, y 12, y condicionada por el cumplimiento de ciertas medidas de bioseguridad.

Alternancia Educativa

Entonces, es pertinente iniciar con los alcances normativos que pueden llegar a tener las Directivas Ministeriales dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Los ministerios, son dependencias bajo la dirección de la Presidencia de la Republica, y dentro de sus competencias se encuentran formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

Comprendidos los alcances que podrían llegar a tener las directivas como recomendaciones, orientaciones, consideraciones sobre determinados aspectos administrativos, entraremos a ilustrar los posibles escenarios que se podrían llegar a presentar en el contexto educativo.

Si en un eventual caso, los docentes de determinada institución educativa son llamados a prestar sus servicios de manera presencial, estando aun dentro de la emergencia sanitaria y sin las garantías y medidas de bioseguridad necesarias para tal fin, ¿podrá este grupo de docentes abstenerse de la prestación del servicio bajo estas condiciones?

Para dar respuesta al interrogante, primero examinemos las consecuencias disciplinarias ante el incumplimiento de las disposiciones que su superior (Rector) adopte.

Ley 734 de 2002:

“ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público:

(…)

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. (Subrayado y negrilla por el suscrito)

(…)

ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> <Ver Notas del Editor> A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.”

 Ahora bien, es el mismo Código Disciplinario Único quien dispone en su artículo 28, una causal de exoneración de responsabilidad, directamente relacionado con el aparte del numeral 7° de su artículo 34 que reza: “siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes”, en ese sentido:

“ARTÍCULO 28. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

(…)

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.

(…).”

No hace falta ahondar en encontrar un deber constitucional o legal de mayor importancia al sacrificado, en este caso el derecho a la educación,  para lograr demostrar el eximente de responsabilidad anteriormente señalado, basta con el deber que nos asiste a todas las personas, y más aun a los servidores públicos encargados de la función docente de respetar y hacer respetar el derecho a la vida (Articulo 11 C.P.).

La Corte Constitucional mediante Sentencia T- 134 de 24 de Febrero de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se ha referido frente a la primacía del derecho a la vida por parte de las autoridades estatales en el siguiente sentido:

La obligación de Estado de proteger el derecho a la vida. “Este deber de protección de la vida, imperativo máximo también en tratados internacionales que reconocen los derechos humanos, ratificados en Colombia[1] y, por ende, prevalecientes en el orden interno (art. 93 Const.), se constituye, como mandato superior que es, en una obligación para todas las autoridades del Estado, sin excepción, en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, que deben realizar actividades, en el ámbito de las respectivas funciones, con el propósito de lograr las condiciones para la pervivencia y el desarrollo efectivo de la vida humana en sociedad.” (Negrilla por el suscrito).

Como se dejó plasmado, el derecho a la vida, que sumado a la prevalencia de los derechos de los menores -Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006), está por encima de cualquier Resolución Rectoral, Municipal, Departamental y Ministerial, incluidas sus directivas, insistimos eso sí, siempre y cuando se evidencie rampantemente el “estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado

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